AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO
D. Luis Guillermo Gago Fernández, concejal portavoz del Grupo Municipal Independientes por Arroyo de la Encomienda (IPAE), al amparo de lo dispuesto en el artículo 97.3 del Reglamento de Organización, funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por RD 2569/86 de 28 de noviembre, presenta para su debate y posterior aprobación, si procede, la siguiente propuesta de Moción:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A lo largo de los últimos 40 años hemos asistido a la sucesiva aprobación de leyes educativas que, lejos de haber servido para desarrollar un modelo educativo estable, sólo ha generado confusión e inestabilidad. Cada nuevo Gobierno ha alumbrado su propia reforma educativa, aprobada por la imposición de la mayoría y sin contar con el amplio e imprescindible consenso que demanda una de las principales Políticas de Estado como es la Educación.
Nos encontramos nuevamente inmersos en la tramitación de otro proyecto educativo, el Proyecto de Ley Orgánica de Modificación de la LOE, LOMLOE, conocida como Ley Celaá, cuya finalidad es volver a reformar la norma aprobada por el Gobierno anterior e imponer un modelo excluyente, generando con ello gran inquietud a nivel educativo y social.
En esta ocasión el Gobierno de España ha dado un paso más allá y a la imposición ideológica que destila su propuesta se suma su vergonzosa utilización como herramienta al servicio de intereses partidistas en la búsqueda de apoyos al Gobierno formado por PSOE y Unidas Podemos en políticas que poco o nada tienen que ver con la educación de las actuales y futuras generaciones.
Este proyecto de ley se está tramitando sin haber tenido en cuenta el criterio y opinión del sector más directamente implicado. No solamente se ha obviado por completo la participación y propuestas de grupos de la oposición, sino que se legisla sin tener en cuenta a la comunidad educativa. Ni docentes, ni padres ni expertos han sido consultados y se van a encontrar conuna nueva reforma educativa que contiene cuestiones realmente alarmantes y que claramente tienen más que ver con criterios políticos que educativos, lo que es a todas luces un auténtico error. La educación no puede ser nunca un arma política o una moneda de cambio para conseguir apoyos o pactos puntuales.
Refiriéndonos a los acontecimientos más recientes, destaca el lamentable espectáculo de mercadeo de votos y apoyos en el que algunos han convertido la tramitación de este proyecto: la eliminación del castellano como lengua vehicular, cuestión que no figuraba en el proyecto inicialmente presentado por el Gobierno. El pasado día 5/11/2020 PSOE, Unidas Podemos y ERC aprobaron en la Comisión de Educación que esta nueva reforma educativa no incluyese el castellano como lengua vehicular de la enseñanza. En el proyecto de ley han sido eliminadas frases como las siguientes: “castellano lengua oficial del estado” y “el castellano y las lenguas cooficiales tienen la consideración de lenguas vehiculares”. Desde nuestro punto de vista, no deja de ser un auténtico disparate y un atentado contra los derechos fundamentales de los alumnos y de todos los españoles, protegidos en nuestra Constitución que en su artículo 3, 1. nos dice que “El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla”. Insisto, el deber y el derecho, algo que no está garantizado en la modificación impuesta al PSOE por los independentistas.
Nos encontramos una vez más con ataques a la enseñanza concertada. De todos es sabido que el PSOE, y sus socios de Gobierno, nunca han sido partidarios de la Educación Concertada. La enseñanza concertada y privada son parte fundamental de la enseñanza de nuestro país y garantiza la libertad de elección de los padres consagrada en el artículo 27 de nuestra Constitución. Los padres, le guste o no a la actual Ministra de Educación, tienen el derecho a elegir el tipo de educación que reciben sus hijos. Este derecho no se respetará si la oferta se reduce a educación pública o educación privada, pues solo la capacidad económica de las familias permitirá ejercer el derecho a elegir.
Nuevamente se arremete contra la educación diferenciada, ignorando totalmente la Sentencia dictada por el Tribunal Constitucional de 2018 que considera que la educación diferenciada es constitucional y avala su financiación pública. Desde la perspectiva del derecho fundamental a la libertad de enseñanza, la educación diferenciada es conforme a la Constitución sin que pueda ser considerada discriminatoria.
En este proyecto de ley nos encontramos también con el riesgo de cierre de centros de Educación Especial, ya que la disposición adicional cuarta abre la puerta a que las comunidades autónomas vacíen estos centros de educación especial de alumnos, para que de formaprogresiva se transformen en centros de recursos sin apenas alumnos. Sobra decir que los centros de educación especial son absolutamente necesarios para cubrir las necesidades de los alumnos que no pueden ser cubiertas ni satisfechas en los centros escolares habituales.
Por último, nos preocupa enormemente la cultura del mínimo esfuerzo que se está inculcando a nuestros niños y jóvenes con el criterio tan laxo de pasar de curso con asignaturas suspensas. Pensamos que no es en ningún modo positivo que un alumno pueda pasar de curso arrastrando asignaturas suspensas, que se contemple la repetición de curso como algo excepcional y que se pueda repetir dos cursos como máximo a lo largo de la enseñanza obligatoria. El proyecto en tramitación recoge que conseguir la titulación sin límite de suspensos es una decisión colegiada de los equipos docentes del centro. Esa responsabilidad no puede recaer sobre los equipos docentes de los centros a los que se les debería dar instrumentos con los que se potencie el esfuerzo y trabajo de los alumnos por el bien de una enseñanza y formación de calidad.
Por lo expuesto, el Grupo Municipal Independientes por Arroyo de la Encomienda (IPAE) propone al Pleno municipal para su debate y aprobación si procede, el siguiente
ACUERDO
– Instar al Gobierno de la Nación a que retire el Proyecto de Ley Orgánica de Modificación de la LOE – LOMLOE.
– Insta al Gobierno de la Nación a que cualquier propuesta de reforma del sistema educativo sea abordada como un Pacto de Estado para lo que es imprescindible contar con el consenso de los representantes políticos y de la comunidad educativa.
– Instar a la Junta de Castilla y León para que se dirija al Ministerio de Educación exigiendo que cualquier proyecto de reforma del sistema educativo debe contar previamente con el aval de las Comunidades Autónomas como administraciones competentes en materia educativa.
En Arroyo de la Encomienda a 16 de noviembre de 2020
Concejal Portavoz del Ayuntamiento
Fdo. Luis Guillermo Gago Fernández
